Desde 1991 defendemos los legítimos intereses de nuestros clientes, lo hacemos en los tribunales federales y en los locales de los distintos estados de la República.

Lo hemos hecho en el ámbito civil, entre otros, en la defensa y recuperación de importantes propiedades inmobiliarias, igualmente, en el ámbito de las obligaciones,  exigiendo el cumplimiento de los contratos legalmente celebrados, concluyendo en sentencias que ordenan su cumplimiento y logrando su ejecución plena. También hemos representado, con éxito, a nuestros clientes en juicios relacionados con conflictos familiares. Igualmente, participamos profesionalmente en juicios sucesorios y en acciones de petición de herencia.

 En el ámbito mercantil, representamos a instituciones financieras en la recuperación de su cartera, y, desde luego, también, a empresas y particulares que han acudido a nuestros servicios para la defensa de sus intereses derivados de una relación comercial que se ha vuelto conflictiva por el incumplimiento de alguna de las partes. También hemos participado exitosamente en los procesos derivados de conflictos societarios, defendiendo los derechos corporativos y económicos de los accionistas. Igualmente, representamos a nuestros clientes en los juicios de concurso mercantil.

En el Derecho administrativo, defendemos a nuestra clientela en conflictos con la autoridad, ante abusos derivados de la  imposición injustificada de restricciones y sanciones económicas, y lo hemos hecho también con éxito, en la defensa ante sanciones por responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

En el ámbito penal, con expertiz en el nuevo sistema de justicia penal adversarial, ejercermos defensa técnica y adecuada, cuando nuestros clientes enfrentan un proceso penal o bien, requieren instarlo como víctimas de un delito.

Como expertos en el juicio de amparo,  lo promovemos en defensa de los derehos fundamentales de nuestros clientes, en contra de actos de la autoridad, incluyendo leyes y normas generales contrarias a la Constitución y a los derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales, así como en contra de resoluciones jurisdiccionales violatorias de dichos derechos.